Entre 2005 y 2010, Donald Trump –hoy presidente electo de los Estados Unidos- tuvo una compañía educacional con fines de lucro que entregaba cursos en línea y presenciales sobre bienes raíces, gestión de activos, emprendimiento y creación de riqueza.
Dado que la organización no era una universidad acreditada ni confería grados o licencias académicas, el fiscal general de la ciudad de Nueva York comenzó una investigación por negocios ilegales que derivó en tres demandas contra la institución que están activas desde 2013.
El comienzo del juicio contra el empresario y sucesor de Obama está programado para el 28 de noviembre. A pesar de que quiere llegar a un acuerdo para evitar el procedimiento, según el profesor de leyes de la Universidad de Utah Christopher Peterson, estos cargos podrían significar un juicio y una posible destitución de Trump apenas asuma la presidencia.
Peterson asegura que la universidad, “al no estar acreditada e instruir a estudiantes en ardides para volverse ricos rápidamente” se encontraba al borde de la ilegalidad. De hecho, sus clases –por las que cobraba 30 mil dólares- parecían más infomerciales sobre la misma universidad, que buscaba que sus alumnos se inscribieran en más y más clases.
En un reporte llamado “La Universidad de Trump y el juicio presidencial”, Peterson concluye que el espíritu fraudulento de la institución, aún si no es condenado por la ley, es suficiente para iniciar un proceso en contra del empresario una vez asuma el cargo:
En los Estados Unidos es ilegal que los negocios usen falsos enunciados para convencer a consumidores de que compren sus servicios. La evidencia indica que la Universidad de Trump usaba un patrón sistemático de representaciones fraudulentas para engañar a mucha familias para que invirtieran en un programa que puede ser caracterizado como un fraude.
A diferencia de los crímenes que durante su campaña prometió cometer si llegaba al cargo, los actos ilegales en los seminarios de Trump ya han ocurrido. De hecho, un juez federal apuntó que según el artículo 3 de la Constitución, si las acciones de Trump se comprueban, constituyen fraude y chantaje sistematizado…
Por lo tanto, el Congreso estaría en derecho constitucional de persistir en la búsqueda de un presidente que no sea un estafador o un chantajeador, como lo definiría la ley.
Es decir, el Congreso podría presionar para procesar a Trump e intentar quitarlo del cargo apenas asuma, en enero del próximo año.
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